INM ha resuelto la situación migratoria de 67 extranjeros víctimas de trata

Excelsior

En lo que va de la actual administración federal, el Instituto Nacional de Migración ha identificado y resuelto la situación migratoria de 67 personas extranjeras, víctimas del delito de trata en territorio nacional, la mayoría de ellas, 65, fueron por explotación sexual y las restantes 2 por explotación laboral o servicios forzados.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que proclamó la ONU cada 30 de julio, el INAMI organizó el Foro “Protección y Atención a Victimas de Trata” en el que la directora de Control y Verificación Migratoria, Miriam Hamdan, reconoció la situación compleja que enfrenta el país en este asunto.

Precisó que, en el caso de las 67 víctimas extranjeras identificadas durante estos últimos 18 meses, 11 eran de nacionalidad colombiana, 27 guatemaltecas, 10 hondureñas, 1 paraguaya, 1 más de Cuba, 1 peruana y una más salvadoreña.

Resolvimos en favor de las víctimas, siempre respetando sus derechos humanos, 60 por ciento de los casos se resolvió a través de su regularización por razones humanitarias y siete de ellas, por petición y voluntad propia, se les otorgó retorno asistido; 66 personas son adultos, 1 menor, 31 hombre y 36 mujeres”, refirió la funcionaria.

Pidió la colaboración de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las propias víctimas para denunciar estos casos, que particularmente afectan a personas de origen extranjero a fin de que pueda intervenir el instituto.

Gracias a ello, en mayo de este año pudimos rescatar a 3 víctimas aquí en la ciudad de México, entonces sí es importante que colaboremos de manera conjunta para poder rescatar a estas víctimas en situaciones deplorables y donde son sometidas a las peores vejaciones”, sostuvo.

PANORAMA NACIONAL

Durante el Foro, Sergio Villarreal Pinzón, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, urgió un mayor trabajo conjunto de los gobiernos de los tres niveles y la sociedad civil en su conjunto, para visibilizar este delito.

Lamentó que, en materia de trata de personas, las autoridades de justicia en el país no tengan cifras actualizadas sobre investigaciones, siendo lo más reciente un estudio del periodo que va del 2012 al 2017.

Encontramos en este diagnóstico que en este periodo se lograron identificar 5 mil 245 víctimas en materia de trata de personas, el 85 por ciento de las víctimas están relacionadas con investigaciones del fuero estatal y el 15 por ciento con investigaciones del fuero federal. También, se identificó que hay un claro sesgo de género, el 85 por ciento de las víctimas  son mujeres y niñas y el 15 por ciento, hombres, niños y adolescentes. El 84 por ciento de las víctimas son mexicanas, el 13 por ciento extranjeras y el 3 por ciento se desconoce su nacionalidad”.

Explicó que este informe refiere que el 70 por ciento de las carpetas de investigación se concentraron en cinco estados del país: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

Los datos que nos arroja este diagnóstico es solo un bosquejo de lo compleja y dolorosa que es esta realidad a la que se enfrentan mujeres y hombres en todo el territorio nacional y el extranjero porque las redes que se vinculan a este delito trabajan en otros países”.

Por su parte, Alán García Huitrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, alertó que las condiciones actuales, con la pandemia sanitaria aumentará la vulnerabilidad de las víctimas.

Aumenta situaciones de vulnerabilidad en términos individuales como puede ser la depresión y el estrés, todos estos contextos individuales, pero también el contexto familiar como es la violencia familiar que ha aumentado de manera drástica. A nivel social, el desempleo, el paro educativo, los flujos migratorios y los desplazamientos internos son factores que también contribuyen a esta situación de vulnerabilidad de la cual se pueden aprovechar los tratantes”.

Los especialistas coincidieron en la necesidad de construir de forma inmediata el llamado Programa nacional anti trata que promueva la denuncia y fomente acciones conjuntas entre gobiernos, instituciones de justicia y la sociedad en general.