El pasado viernes, en conferencia de prensa, líderes transportistas de Morelos, anunciaron que realizarán protestas a partir del lunes 26 de agosto debido a la negativa de las autoridades estatales de aumentar la tarifa del transporte público.
Ante esta situación, los transportistas amenazaron con suspender el servicio el lunes, lo que ha generado preocupación en la población, especialmente con el regreso a clases de más de 500 mil estudiantes en los más de cuatro mil planteles de la entidad.
Durante el fin de semana, comenzó a circular en redes sociales una imagen en la que los transportistas informan sobre posibles bloqueos que se llevarán a cabo a partir de las 9:00 a.m. del lunes.
Por su parte, el gobierno de Morelos negó haber llegado a un acuerdo con los transportistas para incrementar las tarifas y aseguró que el servicio de transporte está garantizado. Las autoridades advirtieron que se aplicará la ley de Transporte en la Fracción VIII del Artículo 71, la cual señala: «Procede la revocación de las concesiones cuando se altere el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de prestar el servicio de transporte público». Y mencionaron que otorgarán permisos temporales a particulares, taxis, plataformas y empresas para cubrir las rutas afectadas.
Cabe señalar que la FEUM también se pronunció al respecto a través de un comunicado en donde advirtió que, si se aprueba el aumento, no dudarán en organizar movilizaciones para defender los derechos de los estudiantes y evitar un golpe a su economía.
En un contexto histórico, se recordó una crisis similar durante el gobierno de Lauro Ortega en los años 80, cuando el entonces «Pulpo Camionero» perdió sus concesiones debido a tarifas elevadas y a la pésima condición de sus unidades, un escenario que parece repetirse en la actualidad.
La incertidumbre sobre el impacto que estas movilizaciones puedan tener en la vida cotidiana de los morelenses, especialmente con el inicio del ciclo escolar, está generando un ambiente de preocupación y tensión en el estado. Las familias, muchas de las cuales dependen del transporte público para llevar a sus hijos a la escuela, temen que estas protéstas afecten gravemente su rutina diaria.
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