Publican en DOF acuerdo para crear unidad especial para Ayotzinapa

• El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa para investigar la desaparición de los 43.

Milenio:      El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos acaecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero”.

Dicha Unidad, en la Fiscalía General de la República, tendrá a su cargo el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos en comento, para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa quedará adscrita a la Oficina del Fiscal General de la República, tendrá un titular, “quien tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, y será designado y removido por el Fiscal General de la República”.

El titular tendrá la facultad de atender el despacho de los asuntos competencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; solicitar, de conformidad con la legislación aplicable, incluyendo los tratados y acuerdos de cooperación signados por el estado mexicano, toda la información relacionada con los hechos materia de su competencia, que pueda ser parte de investigaciones criminales o procesos penales radicados en el extranjero, por conducto de las áreas competentes de la Institución.

Se coordinará con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa; colaborará con la Comisión Nacional de Búsqueda en las acciones materiales de búsqueda de los 43 estudiantes; facilitará la intervención que corresponda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el ejercicio de los derechos de víctimas directas e indirectas en el caso Ayotzinapa.

También tendrá facultad para requerir a las instancias de los tres niveles gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, en términos de la legislación aplicable.

Estará facultado para planear, programar, organizar, coordinar y dirigir el funcionamiento de la Unidad Especial, así como del personal a su cargo; establecer los mecanismos de coordinación, colaboración y de interrelación con otras áreas de la Fiscalía General, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden.

Así como emitir o suscribir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y la operación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; proponer, en colaboración con las unidades administrativas correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables, la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, para el ejercicio de sus funciones;

También informará al fiscal general sobre los asuntos encomendados a la Unidad; ejercer la facultad de atracción en términos de su competencia y de las disposiciones jurídicas aplicables; coadyuvar y, en su caso, brindar los elementos necesarios a las unidades administrativas competentes para la inspección, supervisión e investigación, de los servidores públicos de la Institución relacionados con las acciones de investigación de los eventos de la desaparición de los 43.

Se establece que la Coordinación de Planeación y Administración otorgará los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para la óptima operación y funcionamiento de la Unidad, en términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria.