La Cámara de Diputados ha aprobado una iniciativa presidencial que establece duras sanciones para aquellos que utilicen drones con explosivos con el fin de amenazar bienes, servicios o personas, generando terror en la población o poniendo en peligro la seguridad nacional. Según esta propuesta, quienes incurran en esta actividad podrían enfrentar penas de hasta 53 años de cárcel.
La iniciativa surge como respuesta al aumento de ataques con drones por parte de grupos delincuenciales en los últimos años, según argumenta el Ejecutivo federal y respaldan los legisladores. Las reformas propuestas al Código Penal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establecen penas de 15 a 40 años de prisión para aquellos que cometan actos que pongan en peligro la integridad física de las personas o bienes y servicios, ya sean públicos o privados.
La pena se incrementará en hasta un tercio cuando se utilicen drones o aeronaves pilotadas a distancia en la comisión de estos actos. Además, se contempla una pena de 10 a 20 años de prisión para quienes arrojen objetos explosivos improvisados, armas o sustancias químicas mediante drones, con un aumento a 30 años si el afectado pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Seguridad Pública.
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