Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso indefinido las polémicas leyes antimigrantes de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia ha decidido, con la oposición de los magistrados liberales, permitir su entrada en vigor.
El argumento principal detrás de esta decisión es que primero debe ser una corte de apelaciones quien revise el proceso para determinar si la legislación promulgada por el gobernador es constitucional.
Esta decisión, tomada en una votación dividida, allana el camino para la implementación de las leyes, generando preocupación entre expertos en derecho internacional. Se teme que la legislación texana pueda provocar una disputa legal con el gobierno de México, ya que otorga a los oficiales de Texas la autorización para enviar a territorio mexicano a miles de personas, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.
Incluso antes de que el gobernador republicano Greg Abbott promulgara la ley, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había advertido que estas medidas legislativas afectarían los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
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